Dos eventos recientes destruyen las ilusiones de que el régimen estaba cambiando para mejor. En primer lugar, la renovación del Tribunal Supremo que, tras suscitar esperanzas en el restablecimiento de la independencia judicial y el retorno a la Constitución, se ha traducido en un proceso controlado por el oficialismo para reelegir a determinados magistrados -a diferencia del artículo 264 de la Carta Magna – y formar, con otros cuya militancia chavista los inhabilita para el cargo, un cuerpo que parezca igualmente consecuente con el Ejecutivo. El otro, la cancelación de la deuda de San Vicente y las Granadinas con Petrocaribe, y el anuncio de Maduro de que reducirá a la mitad la deuda de las demás islas del Caribe Oriental.

Ambos ratifican conocidas prácticas patrimoniales para perpetuarse en el poder. Estos son indicios de que la cacareada «normalización» de Venezuela no ha alterado la primacía de los intereses de quienes controlan el poder en las decisiones ejecutivas. Por un lado, revalida la impunidad de los representantes del chavomadurismo -es bien sabido que el gobierno no pierde los juicios en su contra- y, por otro lado, reactiva a la “Petrochequier” para comprar apoyo internacional. la idea de que el levantamiento de las sanciones contra PDVSA mejoraría las condiciones de vida de la población. Cabe mencionar que el ingreso per cápita de San Vicente y las Granadinas, de alrededor de $7.300, es varias veces mayor que el del venezolano promedio en la actualidad.

No se puede olvidar que el desmantelamiento de las instituciones del Estado de derecho y la captura de los mecanismos de mercado para la asignación y distribución de los recursos han sido suplantados por criterios políticos de usufructo, sobre todo de lealtad a quienes detentan el poder. Es notorio que al amparo de la discrecionalidad, la falta de transparencia y la falta de rendición de cuentas han proliferado intereses dedicados a atentar contra los asuntos públicos. Primero, en PDVSA, con grandes compras, contratos amañados, comisiones y desfalcos. A esto se sumaron el despojo de otras entidades públicas, las tracalas con Recadi, el contrabando de gasolina, la reventa (y contrabando) de bienes regulados y la confiscación de empresas, mientras la complicidad de los militares «bolivarianos» (!) en narcotráfico tráfico Pero la destrucción de la economía ha obligado a Maduro a levantar algunos controles para darle un respiro. Podría ser utilizado por aquellos que tenían moneda extranjera. Y siendo su poder mucho más precario que el de su padre putativo, sin su carisma ni las rentas petroleras que lo favorecían, también vio la necesidad de ampliar sus bases de apoyo, abriendo otras zonas, notablemente en Bolívar, forjando complicidad en el saqueo de sus recursos naturales. Una justicia servil garantiza la impunidad a quienes cometen este saqueo.

A medida que han cambiado las oportunidades de lucro, han cambiado las alianzas entre quienes detentan el poder. Han aparecido nuevas mafias y otras se han reestructurado. Sobre todo, saltó a la palestra el ejército traidor, eje del sistema de corrupción imperante, dedicado a estafar a la población en fronteras, puertos, aeropuertos y carreteras, ya repartir alimentos, petróleo y drogas. Pero su presencia en la corrupción va más allá, especialmente en el narcotráfico.

A Maduro le corresponde regular los reacomodos que se dan en este conjunto de complicidades para no perder el poder y el control. Queda por ver si surgen o se fortalecen facciones más propensas a restaurar ciertas salvaguardas económicas. Pero esperar que el levantamiento de algunas sanciones los estimule puede resultar contraproducente, alimentando a los sectores depredadores más atrasados ​​de la alianza, como los asociados a Diosdado Cabello, las bandas criminales o los militares corruptos.

Sea como fuere, Maduro pretende aprovechar las ilusiones de “normalización” que se desprenden de la incipiente mejora de ciertas actividades económicas. Su plataforma electoral en una posible elección (¿2024?) sería que “Venezuela se arregla sola”. Ya practica el anunciar tonterías, como la de “la mayor cosecha de café de la historia”, además de divertirse con tonterías como si el país no estuviera enfrentando problemas gravísimos. Ante esto, la oposición debe tener una respuesta.

Se necesita una demarcación clara entre las posibilidades que ofrece la «normalización» de Maduro y las de un programa económico plausible y orientado a la competitividad. Primero, debemos insistir en una institucionalidad que verdaderamente promueva la reactivación productiva. Esto significa garantías (colateral) para quienes realizan actividades económicas. Asociados a condiciones creíbles para apoyar la estabilidad de precios y agregados macroeconómicos, permiten la previsibilidad de los resultados esperados, elemento fundamental de confianza. Esto no solo hará de Venezuela un destino más atractivo para la inversión, tanto nacional como extranjera, sino que permitirá, bajo un gobierno serio, negociar grandes préstamos con multilaterales para sanear el Estado y reestructurar la enorme deuda pública. Sin respeto por el orden constitucional y el estado de derecho, será prácticamente imposible acceder a financiamiento externo. Y, sin financiamiento externo, no hay forma de salvar la capacidad de producción de bienes públicos de un Estado tan deteriorado como el nuestro.

A diferencia de la «normalización» de Maduro, la estabilización de precios y tipo de cambio deberá lograrse mediante políticas expansivas que estimulen la economía y la demanda de crédito, para absorber productivamente los aumentos de las variables monetarias. El ajuste de Maduro, por otro lado, fue uno de los más recesivos que se conocen -deja palidecer en comparación el denostado «neoliberalismo» de los 90- contrayendo fuertemente el gasto público, aplicando encajes prohibitivos que anulaban la capacidad crediticia de los bancos y sobrevaluando drásticamente el moneda nacional anclando el precio de la moneda. Así, engañó al Estado, empobreciendo terriblemente al empleado público y colapsando los servicios públicos, y dificultó aún más que la producción nacional compitiera con las importaciones (que muchas veces ni siquiera pagan impuestos) . El hecho de que algunos sectores hayan dado señales de reactivación no puede atribuirse a ningún éxito del gobierno. Es una expresión de la enorme resiliencia y capacidad de algunos empresarios, y un reflejo del enorme potencial que aún existe dentro de la economía venezolana.

Estas potencialidades no se limitan a la habitual lista de recursos minerales, hidrográficos y agrícolas, ni al atractivo turístico derivado de su geografía y clima. Esto incluye la enorme subutilización de las capacidades productivas en manufactura, agricultura, construcción y servicios, legadas por la «revolución», y los millones de talentosos emigrantes venezolanos a los que se les privó de su presente y su futuro. Finalmente, no se puede dejar de hacer referencia a la creciente capacidad emprendedora de muchos de los que se quedaron, alimentada por la necesidad de valerse por sí mismos creativamente, ante la destrucción de la economía. El régimen actual es la antítesis y negación de tales potencialidades.

Un proyecto económico coherente y viable, dotado de un marco institucional favorable y un amplio apoyo financiero internacional, podría volver a atraer parcialmente el talento de los emigrantes y, con inversiones y nuevos negocios, reconstruir el tejido productivo roto. Esto implicaría un salto cualitativo en las capacidades productivas del país, seguido de altas tasas de crecimiento sostenido. El nivel de vida de 2013 podría recuperarse en 15 años o menos. La “normalización” de Maduro, sin garantías y sujeta a los abusos y arbitrariedades de un poder corrupto, generará, por otro lado, un crecimiento errático que alcanzaría este nivel, si es que lo hace, en 40 años o más. Por supuesto, es necesario un cambio político.

Corresponderá a la lucha reivindicativa, en demanda de derechos y servicios dignos, así como a la gestión efectiva de alcaldes democráticos, enriquecer este proyecto y darle contenido concreto. Las esperanzas de cambio deben devolverse a la mayoría, animándolas a movilizarse para sacar concesiones a la dictadura. La lucha sostenida por mejores condiciones de vida debe fortalecer las fuerzas democráticas y convertirse en una plataforma para una victoria electoral en 2024. Sin un programa que una y fortalezca los esfuerzos de la oposición, restaurando la confianza en la inevitabilidad del cambio político, un candidato unido elegido en primarias acordadas.

[email protected]

El periodismo independiente necesita el apoyo de sus lectores para seguir adelante y asegurarse de que las noticias incómodas que no quieren que lea permanezcan a su alcance. ¡Hoy, con su apoyo, seguiremos trabajando duro por un periodismo libre de censura!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.