(CNN Español) — La nueva polémica entre Chile y Argentina tiene nombre: “la puerta de entrada a la Antártida”. Es un área de aproximadamente 30.500 kilómetros cuadrados en una de las regiones más australes del planeta.

Todo comenzó con un decreto del presidente chileno Sebastián Piñera. Allí anunció que había ampliado la plataforma continental de su país en unos 30.500 kilómetros cuadrados. Según Argentina, 5.500 de ellos pertenecen a Argentina y el resto son parte del patrimonio universal.

“Chile, con este decreto extemporáneo, se lo apropia”, acusó el canciller argentino, Felipe Solá. Por su parte, su homólogo chileno, Andrés Allamand, argumentó que “nadie se lleva lo que le pertenece”.

Esta nueva polémica preocupa porque el último precedente entre los dos países fue la disputa por el Canal Beagle, disputa que casi derivó en una guerra en 1978 y terminó con el tratado de paz y amistad firmado en 1984.

El exjuez ad hoc de la Corte Internacional de Justicia Raúl Vinuesa sostiene que la polémica actual es «totalmente distinta» a la del Canal Beagle ya que, según su visión, el problema actual es «puramente jurídico». De hecho, Chile y Argentina defienden cada uno su posición con los mismos documentos: el Tratado de Paz y Amistad y la Convención sobre los Derechos del Mar. «Estos textos hay que interpretarlos», resumió Vinuesa.

El Tratado de Paz y Amistad de 1984 proyectó una línea que dividía las zonas económicas exclusivas y las plataformas continentales de cada país al sur de sus territorios. Esta línea establecía que Chile tiene soberanía al oeste y Argentina al este. El problema es que esta línea no llega a la Antártida sino que su trayectoria termina en mar abierto en una coordenada denominada «punto F». La polémica gira en torno a lo que sucede al sur del «punto F», donde Chile ha extendido su plataforma. Según el artículo 7 del Tratado, la zona económica exclusiva de Chile se extiende al oeste de la línea, delimitando al este con alta mar.

El canciller argentino, Felipe Solá, expresó la interpretación de su país: «Chile dice que puede tener una zona económica exclusiva en el oeste, no en el este». Sin embargo, el canciller chileno dijo que el oriente también pertenece a su país «por derecho».

La expansión reclamada por Chile se extiende sobre una plataforma argentina de 5.500 kilómetros cuadrados, que fue reconocida como tal por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas en 2017. Fue el resultado de los esfuerzos argentinos que comenzaron en 2009, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. asuntos de este país.

“Si no hubiera un acuerdo previo con Argentina, Chile podría reclamar esta zona como parte de su plataforma continental”, dijo Vinuesa.

Cuando Argentina obtuvo el reconocimiento de la Comisión de la ONU, Chile no presentó ninguna objeción ante el organismo internacional. Esto ha sido reconocido por las autoridades del país y es un detalle importante, según el ex juez ad hoc de la Corte Internacional de Justicia. Para Vinuesa, “hay una fuerte posición chilena de silencio que de hecho se convierte en un reconocimiento tácito, lo que llamamos en derecho internacional, una aquiescencia. El que no protesta pierde».

Desde la Cancillería chilena le dijeron a CNN que enviaron una carta a su homólogo argentino en 2016 pero se negaron a dar detalles de su contenido. A pesar de esto, el director de la Cancillería argentina, Holger Martinsen, dijo que el memorando chileno hablaba solo de «inexactitudes» y no de objeciones. Ante el Senado, Martinsen explicó que «pretender que lo dicho en esta nota es un precedente de objeción a la posición argentina, es imaginar que esta nota dijo algo que no dice».

A pesar de las marcadas diferencias, Argentina y Chile están comprometidos a resolver esta disputa a través del diálogo. Sin embargo, las perspectivas de Vinuesa para estas negociaciones no son buenas dado que admitió ver «poco espacio para un acuerdo porque es un derecho adquirido para Argentina y para Chile es una innovación». El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Allamand, lejos de considerar la posición de su país como una innovación, habló de una política de Estado y precisó que la consideraba «inadecuada para agravar la polémica». Por su parte, el canciller argentino manifestó su deseo de arreglar la disputa en buenos términos.

Si el diálogo bilateral falla, la disputa tendrá que ir a un tribunal internacional para ser resuelta.

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