En la medida en que se resquebraja la imagen de “normalización” que quiere proyectar Nicolás Maduro, cobra mayor relevancia la discusión sobre cómo materializar la salida de semejante oprobio del jefe de Estado. Algunos sectores de la oposición están enfatizando la realización de primarias para elegir un candidato único que enfrentaría sus demandas de reelección en 2024. Este proceso necesariamente debe estar ligado a las expectativas y luchas a nivel local, gremial y nacional, para que la única La candidatura del candidato contó con el respaldo de la confianza mayoritaria. Las posibilidades de victoria en eventuales elecciones presidenciales deben basarse no sólo en las características y fortalezas de quien ostente la opción presidencial, sino también en el proyecto político que lo sustente como alternativa factible al desastre chavo-madurista. Debe expresar las aspiraciones de estas mayorías, así como las condiciones que hacen posible y factible su realización. Por supuesto, esto supone que las elecciones presidenciales se realicen en condiciones aceptables. El riesgo que esto representa para la continuidad de Maduro en el poder es algo que sin duda tendrá que sopesar si quiere seguir jugando la carta de la normalización con la esperanza de que se eliminen algunas sanciones.

Las propuestas económicas, epicentro de las desgracias y tragedias de tantos venezolanos, son cruciales para este proyecto alternativo. De ahí la necesidad de recoger las demandas de las poblaciones en cuanto al restablecimiento de las garantías y condiciones que permitan la satisfacción de sus necesidades. No se trata sólo de explicar los elementos condición sine qua non de cualquier reactivación económica, sino alimentarla con propuestas concretas para los problemas cotidianos de los venezolanos, tanto en Caracas como en las ciudades del interior. Aumentar la presión en torno a su solución, con protestas y otras movilizaciones, obligaría al régimen a tomar una posición, ya que ahora su narrativa es (supuestamente) auspiciar una economía productiva. Su pereza expondría su reticencia a afectar los intereses de quienes tanto se han beneficiado del saqueo de bienes públicos -pero también privados- bajo el pretexto de construir un «socialismo del siglo XXI», ¡con el Hombre Nuevo y todo! ¿Se puede reformar desde dentro el régimen de saqueo? De cualquier manera, el costo político para Maduro será inevitable.

Aun cuando podemos estar de acuerdo en que «¡Es la economía, estúpido!», como motivación de la campaña de la oposición -eslogan que, recordemos, ayudó a elegir a Clinton en Estados Unidos-, hay otras cuestiones muy graves que no se pueden desestimar. . De su superación dependerá la gobernabilidad del país para cualquier opción política que aspire a llevar las riendas del Estado en el futuro. Aunque brevemente, son ineludibles algunas consideraciones sobre la decadencia social, moral y política asociada a más de veinte años de destrucción a manos de los «revolucionarios».

En primer plano se destaca la terrible destrucción de las normas de convivencia entre los venezolanos, resultado del desmantelamiento de las instituciones de la democracia liberal y las garantías del Estado de derecho. Es producto de la hipótesis de Venezuela como un territorio conquistado por los jerarcas chavo-madurestas, propio de un ejército de ocupación. A la violación generalizada y constante de los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a la vida, se suma la criminalización de toda manifestación, la impunidad y la irresponsabilidad (rendición de cuentas) con que la policía y las fuerzas militares especiales realizan allanamientos -muchas veces homicidas- en barrios y zonas de frontera, en la persecución y tortura de opositores y disidentes, y en la negación de las condiciones básicas de subsistencia de las poblaciones más vulnerables. Como enfrentar la feudalización de una estructura castrense saqueadora (Redis, Zodis, Ardis), y la presencia de delincuentes en la DGCIM y Sebin, producto de la destrucción de la institución castrense, debe ser estudiada, en beneficio de la paz y la tranquilidad. . la estabilidad de cualquier gobierno que pretenda consolidar una verdadera democracia.

Las recomendaciones y mandatos de las misiones de Naciones Unidas para garantizar que los derechos humanos en Venezuela sean plenamente respetados, como los derivados del seguimiento de los crímenes cometidos por valientes ONG venezolanas, HRW y otros, así como la investigación adelantada por la Corte Penal Internacional. La ley debe convertirse en una plataforma obligatoria para cualquier proceso de transición democrática. La reestructuración del poder judicial tendrá que jugar un papel central, así como la espinosa cuestión de un régimen transitorio para perseguir los delitos y delitos cometidos desde el poder. Los trapos sucios que Rafael Ramírez y Maduro se repartieron entre ellos sobre numerosos robos y corrupciones son elocuentes. La estabilidad política de una democracia restaurada requiere de cimientos que fomenten la confianza en el pleno restablecimiento de los derechos y la justicia, así como en la imparcialidad de las instituciones. Debe hacerse todo lo posible para evitar estallidos de violencia que puedan alimentar la venganza o los deseos de quienes quieren seguir disfrutando de los privilegios derivados de su usufructo exclusivo del poder, trastornando el retorno a la democracia.

Luego está la calamitosa situación en la que ha quedado la prestación de los servicios públicos a la población, incluyendo la educación y la salud. ¿Cuántos funcionarios calificados en el campo de la electricidad, el agua, el gas, las telecomunicaciones, habrían salido del país en busca de una remuneración acorde con sus habilidades y condiciones laborales dignas? ¿En qué estado se encuentran estos servicios, qué presupuesto se les asigna, quién está a cargo de ellos? ¿Planes de recuperación?

En el ámbito de la salud, pesa con crueldad la suspensión de los informes sobre morbilidad y mortalidad atribuidos a diversas condiciones, como el estado de las estructuras hospitalarias, ambulatorios y otros servicios de salud, que dejaron de publicarse en 2016. y muertes por covid, así como el estado de vacunación de la población. La migración de decenas de miles de valiosos médicos, enfermeras y diversos técnicos en este campo complica aún más la prestación de una atención médica adecuada a los venezolanos. Asimismo, la situación de la educación, tan crucial para el desarrollo futuro del país, no puede ser más comprometedora, tanto por el escaso presupuesto asignado, los bajísimos salarios de los maestros y profesores como por los intentos de imponer un programa fascista en temas de carácter social e histórico. Luego está el cerco presupuestario persistente a las universidades nacionales, la violación de su régimen de autonomía y el sometimiento de su personal -docentes y empleados- a condiciones de vida miserables, que han perjudicado su formación, su investigación y su capacidad de proponer soluciones a los innumerables males que, en diferentes niveles, afectan a la población.

Hay mucho material para continuar con esta letanía. Pero terminemos mencionando la ausencia de datos sobre el desempeño económico real, el sector externo, la gestión presupuestaria, el manejo de los agregados macroeconómicos y el comportamiento de los distintos sectores de la economía, tan importantes para un correcto diagnóstico de los problemas a ser enfrentado y las medidas que, por tanto, deben ser consideradas. El BCV, el Ministerio de Hacienda y el INE han dejado de publicarlos. Los requisitos y modalidades a negociar para el financiamiento externo para atender las deficiencias en la gestión pública, prestación de servicios y similares, así como el diseño e implementación de un régimen fiscal adecuado a nivel nacional, regional y local, requieren de información confiable. De lo contrario, seguirá a ciegas. La negación de la situación constitucional en las regiones, la declaración de la renta petrolera como «extraordinaria», la práctica de la discrecionalidad presupuestaria y la corrupción reiterada, ilustran las perversiones que deben superarse en la consolidación de la gestión pública.

Lo dicho no pretende ignorar el hecho de que una campaña exitosa debe priorizar objetivos y expresarlos en términos que la gente apruebe para permitir la derrota del fascismo. Pero debemos ser más que conscientes de que no basta con destituir a sus representantes. Prepararse para acometer las soluciones a tanta destrucción será, en última instancia, decisivo para la supervivencia de una democracia reconquistada.

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