El OIJ inició la creación de una base de datos de delincuentes sexuales

Las autoridades del Órgano de Investigación Judicial (OIJ) han respondido a un proyecto de ley que pretende establecer un registro público de personas condenadas por delitos sexuales, trata de personas y turismo sexual. Este proyecto fue discutido por el Comité de Seguridad de Medicamentos y Estupefacientes de la Asamblea Legislativa.

La iniciativa, presentada por la actual personalidad independiente Gloria Navas, tiene como principal objetivo salvaguardar la seguridad y el bienestar de niños, niñas y adolescentes, tratando de prevenir el contacto de estas poblaciones vulnerables con personas con antecedentes de delitos sexuales. en particular los que afectan a los jóvenes.

La propuesta parte de la premisa de que, dada la naturalidad de las agresiones sexuales, existe una alta probabilidad de reincidencia en este tipo de delitos. Por lo tanto, el registro propuesto servirá para emitir alertas preventivas a nivel nacional sobre la presencia de personas con antecedentes de delitos sexuales.

Además, se estableció la inclusión inmediata del Poder Judicial, el Patronato Nazionale dell’Infanzia (PANI), el Sistema de Emergencias 9-1-1, los municipios, el Istituto Costarricense de Turismo (ICT) y otras instituciones públicas y privadas en este país. registro. Asimismo, si contempla la participación en entidades educativas y de salud, con el objetivo de fortalecer la protección de la población en general.

Rosa María Jiménez, líder de la sección especializada en Violencia de Género y Tratado de las Personas del OIJ, subrayó la importancia de abordar este tema debido a la alarmante tarea de reincidencia en casos de abuso sexual, incluso en el contexto familiar. Jiménez sostiene que muchos casos de reincidencia de delitos sexuales lamentablemente culminan en feminicidios.

Para prevenir estos delitos, el OIJ implementa planes internos y operadores que supervisan periódicamente a las personas afectadas por delitos similares. La creación de un registro permitirá al OIJ monitorear la forma más efectiva de infractores, siguiendo prácticas comunes en otros países.

Óscar Valverde, director de la Fundación Paniamor, presente ante el público, destacó la importancia de definir claramente el proceso de supervisión de este registro público. Sin embargo, si surge la necesidad de establecer un período mínimo de seguimiento, que podría oscilar entre 5 y 15 años, parece que incluso después de esta ubicación, la evaluación de riesgos de un individuo no debería descartarse por completo.

En resumen, la propuesta para establecer un registro público de delincuentes sexuales condenados en Costa Rica busca proteger a la población, particularmente a los grupos más vulnerables, de personas con delitos históricos en este ámbito. Esta medida, si se implementa correctamente, podría contribuir significativamente a la prevención del delito y a la seguridad de la sociedad en su conjunto.