Luego de varios aplazamientos -el nombramiento de magistrados había sido suspendido ocho veces- y amargas acusaciones del sector que apoya a Diosdado Cabello contra el que apoya a Nicolás Maduro, finalmente el PSUV, con amplia mayoría en la Asamblea Nacional, decidió nombrar a los miembros de la nueva Corte Suprema de Justicia.

El número total de miembros se redujo de 32 a 20. De este número, 12 repitieron, principalmente de las cámaras constitucional, penal, político-administrativa y electoral. Es decir lo más importante para preservar la coherencia y continuidad del régimen. La transacción entre madurismo y diosdadismo resultó en un TSJ que reproduce, casi como una fotocopia, la magistratura anterior, presidida por Maikel Moreno. Se puede suponer que, por haberse convertido este personaje en la manzana de la discordia, el pacto fue trasladarlo de la Sala Constitucional a la Sala Político-Administrativa, donde tendrá menor importancia.

En la Sala Constitucional, la más importante de la Corte, permanecen los militantes aguerridos de la causa chavista Juan José Mendoza Jover y Calixto Ortega Ríos, exdiputados del PSUV; y Luis Fernando Damiani Bustillos, personaje que no ha sido diputado de este organismo, pero que está vinculado al chavismo desde el 4 de febrero de 1992. Con esta composición, el régimen asegura que este organismo seguirá actuando como una especie de gabinete. ley de Miraflores y el PSUV. La Constitución seguirá siendo interpretada por la Sala Constitucional como Maduro lo crea conveniente.

Como a Nicolás Maduro no le pareció suficiente nombrar a un TSJ complaciente, eligió como inspectora de justicia a la diputada del PSUV Gladys Requena. Lo más curioso es que la señora Requena fue miembro de la comisión de nombramientos judiciales que evaluó las credenciales de los aspirantes a integrar el TSJ. Según Tal Cual, la diputada Requena no anunció su separación del PSUV ni su curul en la Asamblea Nacional.

La independencia del poder judicial, principio republicano imprescindible para garantizar el efectivo funcionamiento de este órgano, ha sido nuevamente pulverizada. Los preceptos establecidos hace unas semanas por Francisco Ameliach, importante dirigente del oficialismo, durante una comparecencia pública se están haciendo realidad: la autonomía de los poderes públicos es una ficción enfermiza; Lo principal para la revolución es mantener la cohesión y la unidad del Estado. En otras palabras: el modelo que debe seguir el régimen venezolano es el de Cuba, Nicaragua, Rusia o cualquier otro país autoritario, donde el poder se concentra en la dirección del gobierno. El poder legislativo, el poder judicial y los demás órganos que integran el Estado deben estar subordinados al gobierno central. Deben actuar como sus satélites. La fusión de todas las partes del engranaje preserva su continuidad.

La designación de un TSJ tan opaco, sujeto al Presidente de la República y al PSUV, representa una provocación. Lo tomo como una forma de que Maduro demuestre que es él quien mueve los hilos del poder. Además, representa un medio para torpedear las conversaciones con la oposición; ignorando la opinión de actores internacionales que proponen fortalecer el estado de derecho fortaleciendo la autonomía del poder judicial; y llegar a las elecciones de 2024 en las mejores condiciones «legales» posibles.

En la lista de magistrados aprobada por la AN hay de todo, menos constitucionalistas o especialistas destacados. Llegan veteranos militantes del PSUV, exprofesores de la UCV sin ningún sentido de lealtad a la institución que pagó sus estudios en el exterior y dentro de la propia universidad, personas que han sido verdugos de la oposición y personajes que se plegaron al régimen sin vergüenza alguna. Estos son los expedientes de Maduro y Diosdado para demostrar que están haciendo con el país lo que les provoca.

Esta conducta insolente llega en un momento en que, debido a la relativa relajación que existe, se ha abierto la posibilidad de restablecer los mecanismos de diálogo y negociación entre el gobierno y la oposición, a fin de explorar la posibilidad de lograr a las instituciones políticas que permitan el levantamiento paulatino de las sanciones que pesan sobre el régimen, sobre la base de reformas que creen un clima de respeto al estado de derecho, a los derechos humanos y, sobre todo, que creen la posibilidad de transitar hacia libertades libres, transparentes y controladas. votaciones políticas en 2024. La elección de un TSJ tan sesgado como el actual solo alienta la división de la oposición, el escepticismo de los venezolanos y la desconfianza de los países que quieren actuar como facilitadores en la resolución de la crisis nacional.

La mayoría del gobierno en el Consejo Nacional Electoral y, nuevamente, en la Sala Electoral del TSJ y la Sala Constitucional, alimenta las sospechas de grupos extremistas de oposición, que se negaron a participar en los comicios mientras Maduro esté en el poder de Miraflores. .

El tribunal sumiso es un órgano diseñado para dañar aún más la democracia y el país. La oposición tendrá que ver cómo maneja esta obscenidad para que no cause más daño del que intencionalmente quiere causar e inevitablemente causará.

@trinomarquezc

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