Expresidenta Áñez condenada a 10 años de prisión en Bolivia


La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fue sentenciada el viernes a 10 años de prisión acusada de liderar un golpe de Estado contra su predecesor, el izquierdista Evo Morales en 2019, escuchó el tribunal.
El Juzgado Primero de Convicción de La Paz anunció su «sentencia de condena» de 10 años, a ser cumplida en una cárcel de mujeres de La Paz. La condena llega tres meses después del inicio del juicio y 15 meses desde la prisión preventiva del expresidente.
La Corte, presidida por el juez Germán Ramos, anunció en audiencia «la condena» del ex-presidente 54 años “por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento del deber […]condenado a 10 años”.
El expresidente fue condenado por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
En su alegato final, Áñez señaló que el tribunal había «descartado» evidencia que descartara un derrocamiento de Morales en 2019, quien había estado en el poder durante 14 años. «Nunca busqué el poder», dijo.
La expresidenta había anunciado previamente que apelaría una condena: «No nos vamos a quedar aquí, vamos a ir a la justicia internacional».
juicio añez
La exgobernadora fue juzgada por sus actos como senadora, antes de asumir la presidencia de Bolivia, el 12 de noviembre de 2019.
Áñez tomó el relevo de Morales, dos días después de su renuncia, en medio de una fuerte convulsión social. Los opositores han denunciado que Morales había cometido fraude en las elecciones de octubre de ese año, para alcanzar un cuarto mandato consecutivo hasta 2025.
El expresidente, ya en el poder, sofocó una fuerte oposición de movimientos sociales y campesinos vinculados a Morales. Una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que durante los primeros meses de su gobierno hubo 35 muertos en manifestaciones.
La defensa de Áñez argumentó que el Tribunal Constitucional Plurinacional reconoció la legalidad del mandato e incluso el Congreso, controlado por el partido de Morales, aprobó la prórroga de su mandato «constitucional» cuando la pandemia de covid-19 obligó a posponer las elecciones de 2020.