(CNN Español) — El Gobierno de Gustavo Petro ha ofrecido la ciudadanía colombiana a quienes hayan «sido abusados por el poder intolerante de Nicaragua», en referencia a los 222 opositores que, el pasado 9 de febrero, fueron expulsados del país por el régimen de Daniel Ortega y llegaron a Estados Unidos y otros 94 que, durante su exilio, también fueron despojados de su nacionalidad, según un comunicado de prensa de la presidencia del país.
En su carta, el gobierno colombiano asegura haber registrado «con repulsión las medidas tomadas arbitrariamente por el jefe de gobierno» de Nicaragua y rechazado «las acciones dictatoriales de quienes evocan los peores momentos de la dictadura de Anastasio Somoza que llevó el sandinismo a superar «.
Poco después del anuncio de Ortega, los gobiernos de Argentina, Chile, México y España también ofrecieron otorgar la ciudadanía al grupo de personas afectadas por la medida.
El gobierno de Petro ofreció este miércoles la ciudadanía al novelista Sergio Ramírez, uno de los nicaragüenses más destacados de la lista de exiliados que han sido despojados de su nacionalidad y bienes.
Juan Manuel Santos, Sergio Ramírez, Álvaro Leyva y Felipe Gonzáles (cortesía del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia)
“Ayer en Madrid, España, interpretando la solidaridad del país en su conjunto y el sentimiento del presidente Gustavo Petro, ofrecí la nacionalidad colombiana al político, intelectual y escritor nicaragüense Sergio Ramírez”, dijo el canciller colombiano.
Sergio Ramírez fue Vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990 y recibió el Premio Cervantes en 2017. Junto a figuras como Gioconda Belli, Ramírez fue uno de los 94 disidentes que fueron despojados de su nacionalidad y de los derechos que la acompañan, algunos días después de la expulsión de 222 opositores.
Expulsión de Nicaragua
El 10 de febrero, 222 presos fueron liberados y trasladados de Nicaragua a Estados Unidos.
La decisión de la Justicia indicó entonces que: “Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diversos delitos graves e inhabilitados definitivamente para ejercer funciones públicas así como para ocupar cargos de elección popular, quedando suspendidos a perpetuidad sus derechos ciudadanos”. .
A pesar de la alegría de familiares y allegados por la noticia, muchas organizaciones advirtieron que no se trataba de un comunicado. La Secretaría General de la OEA aseguró que lo ocurrido no fue “una liberación. Estas personas han sido injustamente encarceladas —algunas por años— por haber pensado, expresado o escrito opiniones contrarias al régimen vigente en Nicaragua. Muchos de ellos fueron torturados, aislados de todo contacto con el mundo exterior.
Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo por su parte que hay un desconocimiento de la ley porque lo que pasó fue el exilio y no la “deportación”.