Lasso denuncia un intento de golpe detrás de las protestas en Ecuador

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, denunció este viernes un intento de golpe de Estado promovido por los líderes de las protestas contra su gobierno. Quien unas horas antes deslizó la posibilidad de iniciar un proceso en la Asamblea Nacional (Parlamento) para destituir al Jefe de Estado.

En un mensaje a la nación difundido por televisión y redes sociales, Lasso lanzó «un llamado a la comunidad internacional para que alerte contra este intento de desestabilizar la democracia en Ecuador». Esto ante la propuesta de su destitución, que también fue valorada por los asambleístas vinculados al correísmo.

El mandatario acusó al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, principal impulsor de las movilizaciones, de buscar «el derrocamiento del gobierno». Principalmente, tras anunciar que Pachakutik, el brazo político de la Conaie, evaluará la solicitud de destitución de Lasso ante la Asamblea.

La funcionaria lamentó que este anuncio de Iza se dé luego de que el gobierno aceptara su pedido de permitir el ingreso del movimiento indígena a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de montar una “asamblea popular”, una de las condiciones que había puesto el líder para acceder a dialogar con el Ejecutivo.

A Lasso también le sorprende que este viernes Conaie y Pachakutik hablen de favorecer su destitución en el Parlamento mientras que el día anterior. Según él, habían llegado a un acuerdo con representantes del movimiento indígena.

Lasso denunció un intento de golpe detrás de las protestas en Ecuador

“Nos muestra claramente que él (Iza) nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas. Lo único que quería era engañar a su base y usurpar el gobierno legalmente constituido. Así lo dijo Lasso, quien de inmediato se ofreció a sentarse a conversar con los promotores de las protestas.

En ese sentido, el mandatario ecuatoriano agradeció las muestras de apoyo brindadas por otros partidos. Entre ellos, la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano, que, de oponerse a cualquier intento de juicio político, implicaría elecciones legislativas anticipadas.

La Constitución ecuatoriana, en el numeral 2 de su artículo 130, contempla la posibilidad de destituir al dirigente “por grave crisis política y disturbios internos”. Situación que puede presentarse dentro de las 72 horas siguientes a la aceptación de la solicitud.

Para proceder a la remoción se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea. Si el juicio político tiene éxito, el vicepresidente asumiría la presidencia.

En un plazo máximo de siete días después de la publicación de la resolución de juicio político, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocaría a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para la misma fecha.

En su mensaje, el presidente ecuatoriano consideró que “el señor Iza ya no puede controlar la situación”. Menos aún “la violencia perpetrada por criminales infiltrados que se han vuelto incontrolables”. Por ello, anunció que “el Gobierno Nacional utilizará todos los recursos que le otorga la ley para hacer frente a los vándalos y delincuentes.

“La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán con los medios necesarios para su defensa, dentro del marco legal. Con el uso progresivo de la fuerza, el orden público y la democracia. Así advirtió Lasso.

Evalúan uso de munición letal

Minutos antes, el ministro de Gobernación, Patricio Carrillo, ya había adelantado que la policía estaba evaluando comenzar a usar armas letales (balines) contra los manifestantes, afirmando que hay manifestantes que ya están usando esas municiones contra las fuerzas de seguridad.

Este anuncio se dio en el duodécimo día consecutivo de manifestaciones donde la Conaie exigió el cumplimiento de un pliego de diez demandas, con puntos como la reducción y congelamiento de los precios de los combustibles, el control de los precios de los productos de primera necesidad, la privatización de las empresas estatales y petroleras y actividad minera. en la Amazonia no se expande.

Hasta el momento, las manifestaciones, iniciadas el 13 de junio, han dejado cinco muertos y nada menos que 200 heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con graves actos de represión pero también de violencia y vandalismo como el incendio y saqueo de una comisaría y un emboscada. un convoy militar.

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