Ley de Cooperación Internacional amenaza respuesta humanitaria en Venezuela
El Observatorio Social Humanitario (OSH) minuciosoeste viernes, con representantes de ONG, sobre las implicaciones que tendría la aprobación de un instrumento como este en el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de ayuda humanitaria en el país.
Según cifras de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, la respuesta humanitaria en Venezuela llegó a 4,5 millones de personas en 2021, el proyecto de ley de cooperación internacional amenaza la atención de venezolanos en estado de vulnerabilidad.
El intento de imponer una ley que criminaliza el trabajo de las ONG en el país representa una amenaza a la libertad de asociación, la reducción del espacio cívico, al tiempo que empeora las condiciones de funcionamiento de las diversas organizaciones que trabajan en la atención a los más vulnerables, según un comunicado de prensa.
Durante su participación, Marianna Romero, directora del Centro de Defensores y Justicia (CDJ), aseguró que este tipo de leyes fueron aprobadas en primera discusión en la Asamblea Nacional por actores del chavismo, por lo que no es un nuevo instrumento. .
Su principal preocupación se centra en los términos muy ambiguos y la discrecionalidad de esta ley y la arbitrariedad bajo la cual se puede aplicar, pues a su juicio establece que dependiendo de los intereses que pueda considerar el ejecutivo generará mayores controles. y obstáculos al desarrollo de organizaciones legítimas.
ONG en Venezuela han sufrido más de 90 ataques solo en 2022
“La cooperación internacional es un derecho consagrado en el derecho internacional. Más allá de los recursos económicos, esto implica asistencia técnica y relaciones con organismos internacionales. El instrumento va en contra de esto porque las organizaciones visibilizan las violaciones a los derechos humanos y las necesidades humanitarias. Su objetivo es criminalizar el trabajo que es totalmente legítimo”, dijo.
Romero insistió en las consecuencias que tendrá esta ley para los ciudadanos. “Se afecta el trabajo de la sociedad, más allá del impacto directo que tiene en las organizaciones, es una vulneración más de los derechos de las víctimas que ya están desprotegidas. (…) es importante visibilizar esta amenaza porque los ataques continúan”.
En ese sentido, aseguró que en lo que va del año, el CDJ ha registrado al menos 98 ataques de este tipo contra organizaciones de la sociedad civil.
Pour sa part, Ali Daniels, directeur de l’ONG Acceso a la Justicia, a déclaré que le projet de loi prête à confusion en raison de sa terminologie, et a assuré qu’il manque de cohérence interne pour pouvoir faire une interprétation claire de la norma. “Pone la ayuda humanitaria como una de las modalidades de cooperación, en el marco de la ayuda al desarrollo (…) pero es cuando hay infraestructuras y elementos humanos que funcionan en el país. Una emergencia humanitaria implica la inexistencia del Estado donde debe brindar los servicios básicos”, dijo.
Afirmó que en Venezuela existen graves deficiencias del Estado en materia humanitaria “la ayuda al desarrollo no puede ser el género y la ayuda humanitaria la especie, porque son situaciones diferentes así como sus métodos de trabajo”.
Más de 4 millones de personas que recibieron ayuda humanitaria en 2021 podrían estar en riesgo de volverse más vulnerables a las amenazas contra las organizaciones humanitarias pic.twitter.com/pJ45aniVUY
— Observatorio Social Humanitario (@ObservatorioSH_) 13 de mayo de 2022
Con información extraída de nota de prensa.