víctimas de violación, El Nacional
Foto: Proporcionar

Al menos 500 organizaciones de la sociedad civil y 250 personas rechazan el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional, alegando que su aprobación tendría consecuencias devastadoras para las personas más vulnerables.

“Con este proyecto de ley buscamos reinterpretar la definición de cooperación internacional de acuerdo a los intereses ideológicos, políticos y/o económicos del gobierno nacional, dejando de lado conceptos esenciales como los derechos humanos y la ayuda humanitaria”, señaló parte de un comunicado emitido. El miércoles.

Señalaron que esta ley también pretende controlar y sancionar a toda persona u organización que no respete su interpretación, lo que incluye a toda la sociedad civil nacional y organismos internacionales.

“Incluyendo la posibilidad de cancelar las obligaciones y compromisos del Estado en los convenios con los organismos de cooperación internacional, en caso de que el proyecto de ley no se adecue a este objetivo”, agrega el texto.

“Como el Estado cuenta con las normas e instrumentos jurídicos suficientes para actuar en materia de cooperación internacional, el presente proyecto de ley no pretende regular la materia sino trasladar su exclusividad al gobierno, lo que implica ser el único que puede recibir, transferir e intercambiar recursos , recursos, bienes, servicios, financiamiento y tecnología de los organismos cooperantes, y disponer de ellos de acuerdo con las prioridades y criterios discrecionales del Ejecutivo Nacional, mediante la constitución de un fondo a su cargo que capte, preste y administre los recursos provenientes provenientes o destinados a la cooperación internacional”, agregaron.

Además, dicen en el comunicado de prensa, viola todas las garantías para proteger los derechos de las asociaciones y sus poblaciones objetivo.

“El proyecto crea un nuevo sistema de sanciones dirigido específicamente a la sociedad civil nacional, con la facultad de “prohibir, suspender, restringir o eliminar definitivamente” cualquier asociación que, a criterio del ejecutivo, se considere que promueve o participa directa o indirectamente en actividades contrarias a los intereses del gobierno, estableciendo liquidaciones que determinen la aplicación de estas sanciones.

Señalaron que múltiples propuestas han sido realizadas al ejecutivo por parte de la sociedad civil venezolana para mejorar y controlar los procesos de cooperación internacional, pero han recibido respuesta oportuna para generar mecanismos que realmente faciliten esta labor y coloquen a las personas con discapacidad en el centro de su objetivo. . Necesidades.

Finalmente, organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre el daño que la aprobación de este proyecto de ley podría ocasionar al pueblo venezolano que más lo necesita y exigieron respeto por el trabajo que están realizando.

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