El reclamo del Esequibo ha sido una constante en la política exterior de Venezuela, no desde 1962, cuando se planteó el tema en la Asamblea General de Naciones Unidas. La reconquista del territorio ha sido objeto de un firme y constante apoyo de todos los sectores nacionales. Los venezolanos siempre hemos considerado que el reclamo no es asunto del gobierno ni de un grupo político o ideológico, sino un asunto de interés nacional que requiere un consenso en torno a él.

Hoy, sin embargo, observamos con preocupación que el tema parece haber sido desplazado por la preocupación que los venezolanos le damos a las necesidades cotidianas, muchas veces para la supervivencia, lo que sin duda debilita nuestro reclamo ante la comunidad internacional y ante la propia Corte de Justicia Internacional. , como es sabido, conoce la controversia posterior a la demanda iniciada por Guyana en marzo de 2018. Cabe recordar, además, que la Corte adoptó una decisión preliminar en diciembre de 2019, mediante la cual se declara competente para conocer de la demanda guyanesa que se relaciona, como sabe, en la validez/nulidad del laudo arbitral de 3 de octubre de 1899. Una decisión errónea para muchos, ya que Venezuela no había aceptado la competencia obligatoria de la Corte de manera clara e inequívoca, pero en todo caso una decisión que obliga a la partes y Venezuela, si bien no se presentó en esta primera fase, es parte del proceso con los derechos y obligaciones que se derivan de tal calidad.

La Corte abre el procedimiento escrito sobre el fondo y ordena a las partes que presenten el Memorial (Guyana) y el Memorial de Contestación (Venezuela) correspondientes a más tardar en marzo de 2022, el primero; para marzo de 2023, la segunda. Guyana ya lo hizo, Venezuela no lo hizo, ni informó a la opinión pública de su aparición o no, ni de las razones por las que no adoptó ni informó al país del proceso, lo que demuestra la peligrosa opacidad e indiferencia que coloca a Venezuela. en una posición más difícil para defender sus intereses legales y responder a la afirmación de Guyana de que el laudo de 1899 es válido.

La controversia con Guyana no es una más ante un tribunal internacional. Es una cuestión de Estado que afecta o puede afectar la integridad territorial y la soberanía que con razón reclamamos tras el despojo por parte del Imperio Británico en 1899, cuando se dictó un laudo sin base ni motivación jurídica, más bien una decisión de política exterior internacional. correcto.

Es fundamental en el momento actual desplegar un consenso nacional en la defensa de nuestros intereses, lo que se traduce sobre todo en la necesidad de participar en el proceso, lo que implica la designación de un agente que represente y organice la posición del Estado; la structuration d’une équipe de juristes et d’experts pour préparer le contre-mémoire et autres actes de procédure et la nomination d’un juge ad hoc afin d’équilibrer le processus, le tout dans le respect du Statut et du Règlement de el recreo.

Es hora de que todos los sectores del país, academias, universidades y estudiantes, sindicatos, empresarios y trabajadores, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil en general, se pronuncien y unan sus esfuerzos no solo para apoyar una gestión efectiva y genuinamente nacionalista, sino para demostrar a la opinión pública internacional ya la propia Corte que nuestro reclamo es justo, que existe unidad nacional al respecto y que el reclamo territorial es vital para Venezuela y los venezolanos.

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