La Casa Blanca se moviliza contrarreloj para salvar su estrategia comercial, seriamente dañada tras la sentencia del miércoles que anuló la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump. El Gobierno ha advertido que, si los tribunales inferiores no suspenden la ejecución del fallo, pedirá este mismo viernes al Tribunal Supremo que mantenga las tasas vigentes a las importaciones, alegando que su eliminación supondría “daños irreparables” para la economía y la seguridad nacional.
El fallo representa el mayor revés judicial para Trump desde que inició su segundo mandato. Sus abogados ya han solicitado medidas cautelares tanto al Tribunal de Comercio Internacional como a un tribunal federal de Apelaciones en Washington. En el escrito de 124 páginas presentado este jueves, el Ejecutivo alerta de que, si se aplica la sentencia, “los acuerdos exitosos alcanzados con múltiples países podrían desmoronarse de inmediato”, pese a que en realidad Trump no ha formalizado ningún acuerdo comercial vinculante durante su presidencia.
Planteamientos reiterados, sin nueva justificación
El Ejecutivo sigue utilizando las mismas razones presentadas durante el juicio: que los jueces no tienen autoridad para desafiar la decisión del presidente de aplicar leyes de emergencia para establecer tarifas, y que hay antecedentes —como el de Richard Nixon— que respaldan ese tipo de acciones. No obstante, la resolución del tribunal examina justamente ese precedente y lo emplea para cuestionar la legalidad de lo actuado por Trump.
La petición presentada al Supremo destaca que, sin una suspensión urgente, «aunque los aranceles sean ratificados más adelante, el perjuicio ocasionado ya no podrá ser deshecho». El Ejecutivo señala que podría ver reducidos sus ingresos fiscales, afectar sus negociaciones internacionales y enfrentar represalias en el comercio.
El fallo: un revés para la táctica y la legalidad de Trump
El Tribunal de Comercio Internacional dictaminó el miércoles por unanimidad que los aranceles generalizados impuestos por Trump son ilegales, al considerar que el presidente excedió sus competencias constitucionales y violó la legislación al aplicar una ley de emergencia de forma indebida.
La sentencia anula, entre otros, los aranceles del 25% a Canadá y México y del 20% a China, así como los polémicos “aranceles recíprocos” aplicados globalmente con la excusa de combatir el fentanilo y controlar la inmigración. Estas medidas, proclamadas en el llamado “Día de la Liberación”, fueron luego reducidas al 10% tras la presión de los mercados.
Tensión política y judicial
La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha censurado severamente la decisión, tildándola de «abuso judicial» y señalando a «magistrados no electos» por interferir en las decisiones del Ejecutivo. «Estados Unidos no puede operar si un presidente observa cómo sus acuerdos son obstaculizados por jueces activistas», afirmó.
Stephen Miller, subjefe de gabinete, fue más allá: “Vivimos bajo una tiranía judicial”, tuiteó el jueves por la noche.
Kevin Hassett, jefe del Consejo Económico Nacional, afirmó en Fox Business que está seguro de que la decisión se revertirá en la apelación. Sin embargo, la Casa Blanca reconoce que está elaborando un recurso sobre el fondo del tema que aún no ha sido presentado.
Diferencias de pensamiento en el Supremo
La Corte Suprema, en la cual Trump tiene a tres jueces dentro de los seis que constituyen la mayoría conservadora, podría actuar como el decisor definitivo. No obstante, ese balance ideológico no asegura un fallo beneficioso. La resolución revocada fue suscrita unánimemente por magistrados nombrados por Trump, Reagan y Obama, lo que le confiere una relevancia institucional complicada de ignorar.
El gabinete sale en defensa de los aranceles
La gravedad de la situación llevó a cuatro miembros del Gabinete a presentar declaraciones formales ante el tribunal. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, alertó de que la anulación de los aranceles “socavaría” acuerdos recientes. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió del riesgo de ruptura de negociaciones en curso. El representante comercial, Jamieson Greer, teme una distorsión de las condiciones de competencia. Y el secretario de Estado, Marco Rubio, considera que el fallo pone en peligro la política exterior y la seguridad nacional.