Hay preocupación en los sectores universitarios porque la Asamblea Nacional oficialista nombró, en enero de este año, una comisión que elaboraría un proyecto de ley sobre la educación universitaria en Venezuela. Si bien la Constitución vigente de 1999 consagra la autonomía universitaria en su artículo 109, todos sabemos que tanto en los gobiernos de Hugo Chávez como en el de Nicolás Maduro este artículo ha sido ignorado y violado en muchas ocasiones. El citado precepto constitucional dice así: “El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que habilite a los profesores, profesores, estudiantes, egresados y egresadas de la comunidad para dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica. , en beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus reglas de gobierno, funcionamiento y administración eficiente de sus bienes bajo el control y vigilancia que para estos efectos establezca la ley. La autonomía universitaria se dedica a la planificación, organización, desarrollo y actualización de programas de investigación, docencia y extensión”.
Cabe recordar que la universidad nació como una comunidad de docentes y escolares en el espíritu corporativo o gremial de la Edad Media y -lo poco que se sabe- fue autónoma del poder estatal de la época; más tarde la universidad del Renacimiento y la universidad de la Edad Moderna se convirtieron en una estructura institucional al servicio del Estado. Fue a partir de la reforma universitaria de Córdoba, Argentina, en 1918, que se afirmó la autonomía como la mejor vía para que la universidad cumpliera con sus altas funciones.
Recientemente se produjo un conversatorio -leí en el portal digital de Analítica el 27 de mayo- sobre las perspectivas, desafíos y amenazas de esta nueva ley de educación universitaria, cuyos expositores fueron Mayda Hocevar, Leonardo Carvajal y Karla Velazco, quienes aclararon que habían Aún no se conoce un borrador o documento oficial del mencionado proyecto legislativo.
Mayda Hocevar (directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes) formula las siguientes consideraciones: “1-La Ley Orgánica de Educación vigente sancionada en 2009 interviene en la autonomía universitaria y competencias básicas de las universidades; 2-el establecimiento de casas de estudio paralelas, que ha sido tan acentuado que actualmente tenemos entre el 90% y el 98% de universidades no autónomas en el país; 3- Los convenios colectivos para regular las relaciones laborales con base en el Plan Patria, representan otra flagrante violación a la autonomía universitaria”.
También denuncia la instrumentalización del poder judicial para intervenir y controlar las universidades, su sometimiento a la asfixia presupuestaria y la persecución de los universitarios por motivos políticos. Agregue la siguiente información: «En el informe El declive de la ciencia, elaborado en 2021, se ha demostrado que la politización de este sector afecta la productividad científica, que representa el 80% de la investigación en Venezuela. Las universidades bolivarianas no producen conocimiento. El número de investigadores cayó un 89% entre 2016 y 2019. El número de artículos científicos publicados cayó un 55% entre 2011 y 2019. En términos de productividad científica, Venezuela cayó del quinto al décimo lugar en el ranking latinoamericano.
Otro destacado experto en educación, Leonardo Carvajal (doctor en educación y profesor universitario), dijo que en cualquier proyecto de ley que presente el gobierno tendrá que «mirar lo que se aprobó en 2010 en segunda discusión en la ex Asamblea Nacional y que fue vetada por el propio presidente Hugo Chávez el 4 de enero de 2011, tras el rechazo manifestado por el sector a este instrumento legal”. Y subrayó que “los elementos peligrosos, nefastos y catastróficos” contenidos en el documento anterior no deben figurar más en ningún acto legislativo. proyecto.
Karla Velazco (subdirectora de proyectos de la ONG Aula Abierta) hizo un llamado a respetar las universidades autónomas y señaló que durante años la ley vigente “ha llevado a la destrucción de las universidades y a la vulneración de los derechos humanos de los estudiantes universitarios (profesores, empleados, trabajadores y estudiantes) que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Argumenta que una nueva ley en el contexto actual podría apuntar al control estatal «total» de las universidades.
El año pasado, tras la sorpresiva visita nocturna de Nicolás Maduro a la Ciudad Universitaria, el Bloque Constitucional, en un comunicado público, instó a toda la sociedad civil a unirse en defensa de la universidad libre y democrática y exigió el respeto a la autonomía universitaria. ; y en un editorial del portal digital Analítica decía: “La visita de Maduro a nuestra UCV, el grotesco nombramiento de Jacqueline Faría, la misma que convertiría al río Guaire en el balneario de Caracas, como protectora de la universidad más antigua de Venezuela, la decisión de pintar el concreto de la obra del propio Carlos Raúl Villanueva, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, para sentarse en un pupitre en un aula vacía, porque cuando la ‘UCV era el orgullo del país, en la época democrática él (Nicolás Maduro) nunca pasó de la Plaza de las Tres Gracias, son manifestaciones claras de quien odia la cultura y el saber porque son la expresión más sublime de la libertad y sabe que si gana no podrá seguir en el poder” .
Las dictaduras temen a la universidad, por eso la amenazan y la cazan.