Un grupo heterogéneo de organizaciones estudiantiles y laborales convocó a un gran paro nacional en abril del año pasado que derivó en agresivas protestas, particularmente en Cali, que el gobierno de Iván Duque manejó con enorme torpeza. Todo esto derivó en un clima de violencia que se prolongó durante semanas con un doloroso equilibrio en la vida humana y con un desbarajuste económico que se sumó a la destrucción ya provocada por la pandemia del covid.

El eje de las protestas había sido la reforma tributaria que nunca se aprobó -además de que hubo que sacrificar al ministro del sector-, pero en el fondo había mucho más que eso. La desigualdad social del país, que es una de las más dramáticas del continente, se había disparado a niveles superlativos tras las medidas de contención de contagios, que ayudaron a crear el ambiente perfecto para desestabilizar el país y debilitar a un gobierno malabarista para mantener el barco a flote.

Fuera de Colombia, publicaciones internacionales lo veían así: “La pandemia ha provocado un aumento de la pobreza del 42% de la población, frente al 35% de hace dos años. A diferencia de Jair Bolsonaro en Brasil, Duque ha implementado políticas de contención responsable. Pero el 55% de la mano de obra que opera en el mercado informal no puede confinarse si no hay ayuda estatal para que puedan alimentar a sus familias.

La plataforma del candidato Gustavo Petro, el chavismo y la narcoguerrilla actuaron entre bastidores para acercar las brasas a su sardina. Intentar analizar el caos que las fuerzas del mal fueron capaces de crear en ese momento, alentadas por las izquierdas radicales efectivas para simpatizar con la protesta de los jóvenes, no es tarea de este artículo. El riesgo de fracasar es demasiado grande. Pero lo que está claro es que el atisbo de popularidad que en ese momento pudiera tener Iván Duque se fue al garete. Todo esto ha servido también para reforzar el deterioro del debate público y fomentar el atolladero político que hoy penaliza a la derecha en Colombia de cara al proceso electoral. En otras palabras, «el cierre» cumplió la tarea de desestabilizar y polarizar aún más.

Dentro de la comunidad se logró sembrar la idea sesgada de que la violencia provenía de la fuerza del orden público. La cifra nunca será confiable, pero instituciones independientes de derechos humanos reportan 63 muertes y más, la mayoría a manos de la fuerza pública, ocurridas durante las semanas de movilización.

Bueno, ya están listos los preparativos para repetir la misma gracia mañana, otra jornada de movilización ha sido convocada por la Comisión Nacional del Desempleo y la Central Única de Trabajadores a 4 semanas de las elecciones colombianas y cuando lo que se está jugando en el país de Nueva Granada es su estabilidad social y política y su futuro económico.

Una pequeña chispa puede volver a encender la sabana y destruir la convivencia ciudadana. Durante el último “paro”, se reportaron 12.478 manifestaciones en 862 municipios de 32 departamentos entre el 28 de abril y el 4 de junio. Sólo el 11% -11.060 de estas protestas- fueron violentas, pero fueron suficientes para desequilibrar el país y destrozar el esfuerzo de crecimiento económico que iba a buen ritmo. Una sola cifra ilustra el desastre: la inflación de los alimentos, que por la pandemia habría sido del 4,5%, saltó, tras los disturbios, a más del 12%. Todo colombiano ha sufrido directamente en su bolsillo.

Al igual que en 2021, las razones inmediatas para convocar la huelga tendrán una importancia relativa. Lo realmente significativo es lo que no dicen sus promotores: en los ríos revueltos, los pescadores lucran.

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