Injerencia en la justicia y retrocesos para migrantes
Uno de los rasgos característicos de los nuevos populismos es que son capaces de introducir en la agenda política problemas que ni siquiera una mayoría social percibe como trascendentes y cuya realidad objetiva demuestra que son perfectamente reorientables.
¿Existe un problema real con la interrupción voluntaria del embarazo en los Estados Unidos? ¿Hay alarma social por el número de abortos o su aumento entre los estadounidenses?
La cantidad de abortos ha estado cayendo desde 2011, y la tasa de aborto alcanzó un mínimo de 46 años en 2017, con descensos tanto en los estados conservadores que restringieron el derecho al aborto como en aquellos que no endurecieron las leyes.
Significativamente, en California, que ha intentado ampliar el acceso a la interrupción del embarazo, la tasa se redujo entre 2011 y 2017 en alrededor de un 29 %.
Las causas del declive de los abortos en Estados Unidos son múltiples, según los expertos: mayor acceso a técnicas anticonceptivas, nuevos canales y plataformas de distribución online; o una menor actividad sexual de la población.
Pero la prueba definitiva de que el aborto no es un problema real en Estados Unidos es que las tasas de embarazo y natalidad en todo el país también están cayendo.
¿Existe una alarma social ante la normalización que supuso la ley vigente desde 1973? No lo parece, dado que –según los últimos estudios demográficos– siete de cada diez estadounidenses están en contra de derogar la ley actual; y una encuesta del Pew Research Center de 2021 encontró que el 59 % de los adultos estadounidenses pensaba que el aborto debería ser legal en la mayoría o en todos los casos, mientras que el 39 % pensaba que debería ser ilegal en la mayoría o en todos los casos.
Pero la obstinación contraria de un porcentaje altamente radicalizado y politizado de estadounidenses tendría consecuencias desastrosas para sectores significativos de la población; precisamente los menos acomodados, los grupos sociales más vulnerables: mujeres de color, inmigrantes latinoamericanas y afroamericanas; así como mujeres en riesgo de exclusión.
Así, los migrantes vuelven a ser protagonistas de decisiones contrarias a sus intereses, que agravan su situación y sus dificultades para prosperar en una sociedad rica y llena de oportunidades. Esta realidad no es nueva, es una secuencia que ya se ha vivido en otros momentos históricos donde los migrantes han sido discriminados.
En el caso del aborto, las consecuencias del endurecimiento del derecho a interrumpir el embarazo recaerán particularmente sobre las mujeres migrantes, quienes serán las primeras víctimas de la decisión debatida en la Corte Suprema.
Los cambios legislativos que se vienen dando en diferentes estados desde hace más de una década, encaminados a limitar el derecho al aborto, siguen una estrategia muy obvia y planificada: publicitar la independencia judicial y llegar a lo más alto, representado por la Corte Suprema, para revertir la decisión de 1973 y dar un giro drástico, restringiendo el derecho al aborto en todo Estados Unidos.
La politización ha socavado la independencia judicial, extendiéndose como una mancha desde los estados más conservadores, desacreditando a jueces de reconocida independencia ya muchos otros tribunales que han tratado de resistir las presiones políticas.
En su estrategia de politizar el poder judicial y sus decisiones, la Corte Suprema ahora tiene que desactivar la sentencia de 1973, extendiendo las restricciones a territorio federal.
Como sabemos, Oklahoma aprobó recientemente la ley de aborto más restrictiva de Estados Unidos, que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo en casi todos sus supuestos, incluidas las modalidades. Una iniciativa aún más restrictiva que la aprobada en 2021 en Texas, que contraviene el fallo de la Corte Suprema que en 1973 reconoció el derecho constitucional al aborto en el país.
Imagino que los ciudadanos de OK no son conscientes de que esta nueva ley los equipara al 5% de la población mundial (90 millones de mujeres en edad fértil), que vive en países prohibicionistas; y las aleja de las 386 millones de mujeres (23% a nivel mundial) que viven en países donde el aborto es legal por razones sociales o económicas; o los 601 millones (36% de las mujeres) que viven en países que permiten el aborto “gratuito” con un límite de gestación de dos semanas antes de la concepción.
México, Chile, Argentina y Colombia fueron los últimos países en sumarse a la comunidad global mayoritariamente permisiva con el aborto legal con restricciones; aunque el caso más significativo es el de la muy católica Irlanda, que publicó en 2019 la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo.
Durante décadas, tras la prohibición del aborto en el territorio, miles de irlandesas fueron empujadas a otros territorios permisivos, como Liverpool, la ciudad inglesa más cercana. Se estima que en el último cuarto del siglo pasado, 170.000 mujeres embarazadas realizaron estos movimientos perturbadores.
Ciertamente, la anulación de Roe vs. Wade no solo perjudicará a las mujeres estadounidenses más vulnerables y a la población femenina migrante con menor poder adquisitivo, sino que derribará la imagen general de Estados Unidos, dando alas a las fuerzas políticas internacionales ultraconservadoras. organizaciones que niegan a las mujeres el derecho a decidir sobre su maternidad o la igualdad de derechos entre los sexos.
Quizá de manera irreversible, la imagen de la independencia del poder judicial también se resentiría, porque es indiscutible que la politización, la injerencia de las fuerzas políticas en el campo judicial, atenta gravemente contra la separación de poderes, indispensable en los sistemas democráticos.
Ricardo Martín es un periodista español especializado en temas sociales.
Cortesía de diario español El debate
